“Me vale madre” la crítica de los medios: González Márquez
■ Ante el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, menosprecia e injuria quienes cuestionan sus políticas
■ “Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco”, dice ante el creciente repudio a la macrolimosna
Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)
Noticia viejita, pero aun se sigue repitiendo en muchas partes del pais y cd. obregon no esta libre de eso, siempre los padrecitos y pastores andan en sus carrasos y viven en mansiones como reyes o nomas fijencen.........
Guadalajara, Jal., 24 de abril. El gobernador Emilio González Márquez finalmente dio respuesta a las críticas de ciudadanos y medios de comunicación por las millonarias donaciones que ha hecho a la Iglesia católica y a las televisoras privadas con el erario estatal: “¡Chinguen a su madre!”
En referencia a las críticas de los medios y las casi 5 mil quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por ciudadanos inconformes con la entrega de 90 millones de pesos de fondos públicos para la construcción de un santuario cristero en Tlaquepaque, González Márquez dijo: “Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta de que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco”.
La noche del miércoles, durante una cena celebrada en Expo Guadalajara para entregar 15 millones de pesos de recursos públicos a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA), el gobernador hizo constantes alusiones al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ahí presente. “Éste es un cuete (borrachera). No me importa, me cae. Don Juan, absuélvame desde allá. Además estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? Aquí hay un cheque, el 419240, cabrón, a nombre de la AMBA. Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!
“Déjenme decirles que yo estoy comprometido con este movimiento y que traigo aquí un pinche papelito (el cheque por 15 millones) que dice: ‘gobierno de Jalisco, Secretaría de Finanzas’. Óscar (García Manzano, titular de la dependencia), ¿dónde andas? ¡Hasta que, cabrón, hiciste algo bueno por Jalisco! Martín Hernández (secretario de Desarrollo Humano): felicidades, chingado, ya hacía falta”, agregó, micrófono en mano, durante el decimocuarto Banquete del hambre.
Y siguió: “(El dinero) no es mío, yo no lo tengo.
Yo no tengo 15 millones de pesos, pero ¿saben qué? La gente votó por mí, la gente en su mayoría votó por que yo haga realidad a lo que me comprometí en campaña y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta, la gente votó por mí y en ese votar por mí debe tener el compromiso que yo he asumido de apoyar a los que trabajan por que no haya hambre en nuestro estado”.
Ante la desesperación de su esposa, Imelda Guzmán, quien desde la primera fila le hacía señas de que se callara, el gobernador remató: “Yo estoy aquí para cumplir un compromiso ante mí mismo, ante mi conciencia, ante la conciencia de la gente que votó por mí y que dice: ‘No más hambre en Jalisco’.
Este dinero no es mío. Yo no lo tengo. Todo lo que he trabajado en la vida es para dárselo a mis hijos, para procurarles una buena educación; es lo único que tengo. Éste es dinero del pueblo, pero el dinero del pueblo me ha sido confiado”.
La AMBA está ligada a la arquidiócesis de Guadalajara. El donativo, se dijo, contribuirá a combatir el rezago alimentario de más de 611 mil personas que viven en pobreza extrema en la entidad.
“Si Juárez viviera, qué chinga les pusiera”
Antes del discurso oficial, González Márquez pidió a los reporteros de TV Azteca y Televisa que le prestaran sus micrófonos, con los cuales se “entrevistó” con los directivos de la AMBA, quienes junto al cardenal expresaron sus opiniones sobre el donativo. Las imágenes fueron subidas este jueves al portal de YouTube.
Mientras, en un puente peatonal en el barrio de San Juan de Dios, una manta expresaba la inconformidad ciudadana: “Emilio y Juan Sandoval: si Juárez viviera, qué chinga les pusiera”.
En la ciudad de México, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez, dijo que no conocía detalles del asunto, pero que no pudo comunicarse con el mandatario porque éste se encontraba inaugurando obras de una presa en los límites de Colima, junto con el director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, y el gobernador del estado vecino, Silverio Cavazos.
(Con información de Georgina Saldierna)
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php?section=estados&article=036n1est
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domingo, 21 de septiembre de 2008
miércoles, 12 de diciembre de 2007
El imperio de los Bours :Interesante artículo publicado por la Revista PROCESO 17-Febrero-2007
Es una nota vieja, pero no deja de ser interesantes, para los que no supieron de esta nota, pues aqui esta.......disfrutenla=).(deleiten su pupila)
Lo mismo está en la nómina del Gobierno de Sonora que al frente de empresas que se expanden rápidamente. Se trata del clan Bours, en el que figuran por lo menos tres hermanos del mandatario estatal: Ricardo, Javier y Gerardo, así como varios primos.
Y es que todo lo han obtenido mediante el terror, el tráfico de influencias, la violación sistemática de la Ley, así como por el despojo de tierras a ejidatarios.
Al amparo del Gobierno de Sonora, en sólo tres años el clan Bours -que incluye a hermanos y primos del mandatario Eduardo Bours Castelo-
Y es que todo lo han obtenido mediante el terror, el tráfico de influencias, la violación sistemática de la Ley, así como por el despojo de tierras a ejidatarios.
ha multiplicado su poder económico y político, tarea que a sus antecesores les llevó 50 años.Si bien la familia Bours se inició en los negocios a principios de la década de los cincuenta con Bachoco, una compañía productora y comercializadora de productos avícolas, muchos de los giros comerciales en los que ha incursionado el clan familiar despegaron desde que Eduardo Bours - “El Chapo”, como lo llaman en la entidad- asumió la gubernatura.Una de esas empresas, edificadora Pibo -acrónimo de Pineda-Bours-, por ejemplo, es la encargada de construir los tramos carreteros al Gobierno estatal; otras, como Boza -Bours-Zarazoza-, se benefician de los apoyos crediticios que les otorga Nacional Financiera (Nafinsa), mientras que algunos familiares se beneficiaron con la venta de unidades de transporte urbano cuando el Gobierno ordenó cambiar el parque vehicular; otros vendieron al Gobierno grandes extensiones de tierra en condiciones ventajosas.Lo más escandaloso: Varios de los hermanos del mandatario ganaron el concurso de licitación para operar la empresa exportadora de camarón más importante del País: Ocean Garden, así mismo obtuvieron la autorización para crear una intermediaria financiera.El caso más notorio es el de Ricardo Bours Castelo, a quien el mandatario colocó en la paraestatal Operadora de Proyectos Estratégicos, constituida como fideicomiso público ante el banco J. P. Morgan, S.A., que se encarga de aprobar todo tipo de obra pública en la entidad.Ese “fideicomiso impulsor” -que a pesar de ser público se maneja como si fuera privado y nunca rinde cuentas-, maneja los millonarios depósitos que le entregan los gobiernos federal y estatal y los canaliza a los trabajos de reparación de tramos carreteros o al pago por los predios expropiados o comprados.
Ricardo es el vicepresidente de dicho fideicomiso creado hace dos años. En su comité técnico incluye a connotados empresarios sonorenses, cercanos a Eduardo Bours desde que éste era titular de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe), antecesor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).Uno de ellos es Ricardo Mazón Lizárraga, dueño de concesiones de telecomunicaciones en Chihuahua y ex vicepresidente del Banco del Atlántico, una de las instituciones crediticias intervenidas por el Gobierno en la década de los noventa.Según el auditor canadiense Michael Mackey -contratado por el Congreso de la Unión para revisar las operaciones del Fobaproa- al banco de Mazón Lizárraga se le detectaron autopréstamos y créditos cruzados. Otro es Carlos Alberto Zaragoza de Cima, quien, según la auditoría de Mackey, se benefició con 25.2 millones de pesos, y actualmente es dueño de varios hoteles.Los demás integrantes del comité son: Arturo Ortega Molina, exportador de productos bovinos; Germán Tapia Mejía; Humberto Schwarzbeck Noriega, empresario agrícola; Nikita Kyriakis Georgouses, constructor residencial, quien ha formado parte de los consejos consultivos de Nafinsa en el Estado; Mario Laborín Gómez, director de Nafinsa desde el sexenio foxista. Además, Laborín es cuñado del gobernador, pues su hermana Lourdes está casada con Eduardo Bours.Otro de los controvertidos empresarios del consejo técnico del “fideicomiso impulsor” es Sergio Mazón Rubio, quien a su vez está asociado en varios negocios con Javier Bours Castelo, otro de los hermanos del mandatario, y Miguel Khoury Simman, el socio de Manuel Bribiesca Sahagún. En 2004, por ejemplo, Sergio, Javier y Miguel crearon Finpatria, una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) y obtuvieron del Gobierno federal la autorización para gestionar créditos de Nafinsa para la construcción de viviendas.
Leyes pisoteadas
Entre las obras que tiene a su cargo el fideicomiso destacan la construcción de la Carretera Costera, cuya inversión es de 200 millones de dólares, así como todas las vialidades de Hermosillo, la redefinición de uso de suelo en el Vado de Sonora, el desarrollo de proyectos turísticos millonarios como el de la Bahía de Kino, el desarrollo de la marina en Guaymas que cuenta con bulevar cos tero, club de pesca, villas comerciales y terminal de cruceros o los desarrollos turísticos en Puerto Peñasco, donde el clan Bours invierte en el Spa Resort, Sonoran Sun Resort y Sonoran Sea Resort En la inversión del desarrollo de Puerto Peñasco participa también el Grupo Mazón junto con el clan Bours de Ciudad Obregón, según reveló el reportero José Gil Olmos en Proceso 1565. Ricardo Bours es quien otorgó la autorización del desarrollo turístico mediante el fideicomiso impulsor.
Un negocio redondo.
Aunque las decisiones las toman Ricardo Bours y sus colaboradores, algunas veces participan funcionarios estatales, sobre todo cuando algún proyecto afecta terrenos ejidales o tierras de alguna comunidad indígena. Entonces, el comité técnico instruye a uno de sus miembros para que “gestione” los trámites ante las autoridades estatales.El diputado local del Partido del Trabajo (PT) Mónico Castillo se muestra indignado porque, dice, la creación de ese fideicomiso contraviene las leyes locales que prohíben la participación de familiares del Gobernador -hasta en cuarto grado de consanguinidad- en proyectos de la administración pública.Y enumera las leyes que limitan esta participación: La de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios, en su artículo 63, fracción XVII; la de Obras Públicas del Estado de Sonora, en el artículo 30, fracción I; la de Adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, artículos 19, 33 y 39.En entrevista, Castillo truena: “La excusa de Eduardo Bours es que su hermano no está en la nómina y que por lo tanto no es empleado del Gobierno. Lo que sí es cierto es que Ricardo tiene en sus manos todos los proyectos detonadores del Estado.“Todavía peor, todos los grandes empresarios o por los menos los allegados al Gobernador están en ese fideicomiso y deciden. Cualquiera que tiene una empresa puede concursar, pero no estar en la toma de decisiones. ¡Eso es inmoral!”.
El panista Carlos Villalobos Organista, quien fue senador en la pasada Legislatura, asegura que el 25 de mayo de 2005 presentó un punto de acuerdo en el que exhortaba al gobernador Eduardo Bours a reconsiderar el nombramiento de su hermano.En su intervención en tribuna Villalobos criticó el nombramiento de Ricardo Bours y explicó que los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso en realidad eran las mismas personas del Comité de Financiamiento de la campaña del actual Gobernador de Sonora.
“Lo anterior se presta a confusiones y suspicacias, pareciera que a través de este fideicomiso se están devolviendo los favores”, expuso el legislador.
Negocios de los primos
La impunidad con la que se manejan los integrantes del clan Bours desde que su pariente llegó al Gobierno es innumerable, dicen algunos de los empresarios que han tomado distancia de la gestión pública.
Uno de los pleitos más recientes es el de las empresas Wacove Construcciones, S.A. de C.V. y Constructora Industrial de Cajeme, S.A de C.V., a las cuales se les negó la concesión del Gobierno para construir un puente peatonal con valor de 30 millones de pesos, a pesar de que ganaron la licitación el año pasado.Su caso ya se encuentra en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Ciudad de México en el expediente 637/2006. Proceso tuvo acceso al documento y, según las autoridades federales, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora violentó su propio proceso interno al descalificar a las citadas empresas y otorgar el contrato de obra a otra compañía.El 9 de noviembre de 2006, la SFP ordenó al Gobierno de Sonora reponer la licitación y evaluar “únicamente” la propuesta de los denunciantes por considerar que tenían razón en sus alegatos. Así mismo, le solicitó a la Contraloría estatal implementar medidas que eviten inconsistencias en futuras licitaciones.El gobierno de Bours Castelo repuso el proceso, pero volvió a descalificar a los constructores. Los representantes de ambas compañías interpusieron una nueva queja ante la SFP. Sin embargo, el martes 6 empleados del Gobierno estatal advirtieron a los denunciantes “que más les vale que ganen el juicio en México o de lo contrario se van a tener que ir del Estado”, comentó uno de los afectados, quien se negó a dar su nombre por temor a represalias.Pero el gobierno de Bours no sólo viola los concursos de licitación, también trasgrede las leyes locales que prohíben la contratación de familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad en cargos públicos.Es el caso de Edificaciones Boza -acrónimo de los apellidos Bours-Zaragoza, de Navojoa-, según se desprende de las cédulas de registro del propio Gobierno sonorense, donde figura dicha compañía como “proveedora del Gobierno” en los rubros de “desarrollo, promoción y vivienda”.
Edificadora Boza se benefició, en 2005, con dos contratos de licitación pública, adjudicados por la Junta de Caminos del Estado de Sonora. Los tipos de obra van desde reconstrucción de “calles a tramos en algunos municipios”.El dueño de Edificaciones Boza, Ángel Bours Zaragoza, es primo del Gobernador e hijo del ex presidente municipal de Navojoa, Ángel Bours Urrea. Boza, al igual que la empresa Pibo (de la familia Pineda-Bours, asentada en Obregón), construye casas de Infonavit -según el propio padrón del instituto-, y ambas reciben también apoyos de Nafinsa, donde por lo menos Boza cuenta con registro. Actualmente Nafinsa es encabezada por Mario Laborín Gómez, cuñado del Gobernador.
Intimidaciones y despojos
El ejidatario de Navojoa Mario Duarte Godoy acusa de despojo a Ángel Bours. Dice que el empresario intenta quitarle sus terrenos para construir en ellos una zona residencial.Ex agricultor -“pues eso ya no sirve para sembrar”- y pensionado del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), del que recibe 2 mil pesos mensuales, Duarte Godoy exhibe documentos expedidos por el comisariado ejidal de Navojoa fechados en 1974, en los que se le otorga el certificado de derecho agrario número 2685286 que lo ampara como propietario de las parcelas 149, 417, cuya superficie es de 9-65-00 hectáreas.Asegura que cuando la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) escrituró los predios, funcionarios de este organismo “se juntaron con otras personas” que no vivían ahí ni tenían la posesión y a pesar de todo les entregaron el terreno.“Esa gente (de Corett) otorgó un poder a otra persona -dice Duarte Godoy-, quien pidió un préstamo bancario, con la idea de no pagarlo, y así el banco se quedó con mi propiedad, que inmediatamente compró Boza”.Y a pesar de que el banco Santander, institución encargada de rematar el predio, advirtió a los Bours que no podía hacer la entrega física del terreno, pues “ahí vive gente desde hace tiempo”, Ángel Bours respondió: “Yo los saco”. Al principio, dice Duarte Godoy, le ofreció de 30 mil a 40 mil pesos por sus terrenos.“Pero no me dejé –recuerda-. Le dije: Nos vamos a juicio porque el terreno es mío”.En ese momento empezó el tormento para Mario Duarte, quien desde 2002 fue demandado por el empresario Ángel Bours para desalojarlo de un terreno. Boza solicitó un juicio “reivindicatorio”, pero las leyes que rigen esta figura establecen que quien es primero en tiempo es primero en derecho, por lo que el señor Duarte exige que se le respete su posesión.Los juzgados por los que ha pasado el proceso lo rechazan porque -dice el propietario del predio en litigio-, los querellantes tienen influencias, Ángel Bours es primo del Gobernador y al igual que sus familiares es gente que se dedica a comprar tierras baratas para luego construir ahí sus fraccionamientos.Durante el proceso, Duarte Godoy ha sido amenazado para que se desista y entregue las tierras que legalmente le pertenecen. El 25 de enero pasado, dice, recibió un mensaje telefónico intimidatorio: “Deja en paz a los Bours”. No sólo eso, autos con vidrios polarizados comenzaron a merodear por el predio donde vive y cuenta que varias veces ha sido derribada la cerca que delimita su terreno.Otro intento de despojo es el de la familia Bours Griffith, según denunció a TV Azteca el 5 de octubre pasado el dirigente estatal de El Barzón, Francisco Mitre. Éste relató que los Bours Griffith han comprado juicios a Banamex por 463 mil pesos, cuando el valor real de la tierra agrícola es de 10 millones de pesos.“Tenemos conocimiento de que este señor ha comprado otras tres propiedades en esas condiciones. Eso es tráfico de influencias, porque él (Bours Griffith) argumenta que con el poder del dinero se puede todo”.Jaime Caracho, otro de los afectados, dijo a la televisora que “las resoluciones de los tribunales son infantiles, violan las leyes en primera, segunda y tercera instancia; todo a favor de los Bours”.
El poder de la familia
El propio Gobernador violó la Ley del Estado al comprar a unos primos, los Bours Muñoz, una extensión de 8 millones 473 mil 88 metros cuadrados. El monto: 9.5 millones de pesos, según consta en el folio 164091 del registro público ubicado en Obregón.
Entre los dueños del predio figuraba también Guillermo Pineda Cruz, otro de los directivos de Bachoco y emparentado con Eduardo Bours Castelo, además es socio de la empresa Pibo.El diputado Mónico Castillo propuso al Congreso local el pasado 21 de noviembre la creación de una comisión plural que investigue “la compra y adquisición de terrenos en Ciudad Obregón, presuntamente hecha a familiares consanguíneos del Gobernador de Sonora”.
De igual manera, demandó que se indagara la adquisición de más de 200 unidades que concesionarios del transporte urbano hicieron a Camiones y Tracto Camiones de Sonora, S.A. de C.V., empresa distribuidora de vehículos Mercedes Benz, de la cual es director Gerardo Bours Castelo, otro hermano del Gobernador.Los concesionarios fueron obligados por el Gobierno estatal a realizar el cambio vehicular al crear el llamado programa SUBA para la sustitución de camiones, pero sólo 25 de los 330 concesionarios compraron las unidades a Gerardo Bours.El pasado 28 de diciembre, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso local exoneró al Gobernador con el argumento de que la compra se realizó entre particulares y no con el Gobierno. Pero aún queda pendiente el caso del terreno familiar, lo cual como lo prueban los documentos, sí hubo una adquisición de terrenos a los primos del Gobernador.Para corroborar que la familia Bours ha adquirido decenas de propiedades y empresas, Proceso solicitó varios registros públicos, pero las autoridades alegaron que esa información no se puede difundir.
Lo mismo está en la nómina del Gobierno de Sonora que al frente de empresas que se expanden rápidamente. Se trata del clan Bours, en el que figuran por lo menos tres hermanos del mandatario estatal: Ricardo, Javier y Gerardo, así como varios primos.
Y es que todo lo han obtenido mediante el terror, el tráfico de influencias, la violación sistemática de la Ley, así como por el despojo de tierras a ejidatarios.
Al amparo del Gobierno de Sonora, en sólo tres años el clan Bours -que incluye a hermanos y primos del mandatario Eduardo Bours Castelo-
Y es que todo lo han obtenido mediante el terror, el tráfico de influencias, la violación sistemática de la Ley, así como por el despojo de tierras a ejidatarios.
ha multiplicado su poder económico y político, tarea que a sus antecesores les llevó 50 años.Si bien la familia Bours se inició en los negocios a principios de la década de los cincuenta con Bachoco, una compañía productora y comercializadora de productos avícolas, muchos de los giros comerciales en los que ha incursionado el clan familiar despegaron desde que Eduardo Bours - “El Chapo”, como lo llaman en la entidad- asumió la gubernatura.Una de esas empresas, edificadora Pibo -acrónimo de Pineda-Bours-, por ejemplo, es la encargada de construir los tramos carreteros al Gobierno estatal; otras, como Boza -Bours-Zarazoza-, se benefician de los apoyos crediticios que les otorga Nacional Financiera (Nafinsa), mientras que algunos familiares se beneficiaron con la venta de unidades de transporte urbano cuando el Gobierno ordenó cambiar el parque vehicular; otros vendieron al Gobierno grandes extensiones de tierra en condiciones ventajosas.Lo más escandaloso: Varios de los hermanos del mandatario ganaron el concurso de licitación para operar la empresa exportadora de camarón más importante del País: Ocean Garden, así mismo obtuvieron la autorización para crear una intermediaria financiera.El caso más notorio es el de Ricardo Bours Castelo, a quien el mandatario colocó en la paraestatal Operadora de Proyectos Estratégicos, constituida como fideicomiso público ante el banco J. P. Morgan, S.A., que se encarga de aprobar todo tipo de obra pública en la entidad.Ese “fideicomiso impulsor” -que a pesar de ser público se maneja como si fuera privado y nunca rinde cuentas-, maneja los millonarios depósitos que le entregan los gobiernos federal y estatal y los canaliza a los trabajos de reparación de tramos carreteros o al pago por los predios expropiados o comprados.
Ricardo es el vicepresidente de dicho fideicomiso creado hace dos años. En su comité técnico incluye a connotados empresarios sonorenses, cercanos a Eduardo Bours desde que éste era titular de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe), antecesor del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).Uno de ellos es Ricardo Mazón Lizárraga, dueño de concesiones de telecomunicaciones en Chihuahua y ex vicepresidente del Banco del Atlántico, una de las instituciones crediticias intervenidas por el Gobierno en la década de los noventa.Según el auditor canadiense Michael Mackey -contratado por el Congreso de la Unión para revisar las operaciones del Fobaproa- al banco de Mazón Lizárraga se le detectaron autopréstamos y créditos cruzados. Otro es Carlos Alberto Zaragoza de Cima, quien, según la auditoría de Mackey, se benefició con 25.2 millones de pesos, y actualmente es dueño de varios hoteles.Los demás integrantes del comité son: Arturo Ortega Molina, exportador de productos bovinos; Germán Tapia Mejía; Humberto Schwarzbeck Noriega, empresario agrícola; Nikita Kyriakis Georgouses, constructor residencial, quien ha formado parte de los consejos consultivos de Nafinsa en el Estado; Mario Laborín Gómez, director de Nafinsa desde el sexenio foxista. Además, Laborín es cuñado del gobernador, pues su hermana Lourdes está casada con Eduardo Bours.Otro de los controvertidos empresarios del consejo técnico del “fideicomiso impulsor” es Sergio Mazón Rubio, quien a su vez está asociado en varios negocios con Javier Bours Castelo, otro de los hermanos del mandatario, y Miguel Khoury Simman, el socio de Manuel Bribiesca Sahagún. En 2004, por ejemplo, Sergio, Javier y Miguel crearon Finpatria, una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) y obtuvieron del Gobierno federal la autorización para gestionar créditos de Nafinsa para la construcción de viviendas.
Leyes pisoteadas
Entre las obras que tiene a su cargo el fideicomiso destacan la construcción de la Carretera Costera, cuya inversión es de 200 millones de dólares, así como todas las vialidades de Hermosillo, la redefinición de uso de suelo en el Vado de Sonora, el desarrollo de proyectos turísticos millonarios como el de la Bahía de Kino, el desarrollo de la marina en Guaymas que cuenta con bulevar cos tero, club de pesca, villas comerciales y terminal de cruceros o los desarrollos turísticos en Puerto Peñasco, donde el clan Bours invierte en el Spa Resort, Sonoran Sun Resort y Sonoran Sea Resort En la inversión del desarrollo de Puerto Peñasco participa también el Grupo Mazón junto con el clan Bours de Ciudad Obregón, según reveló el reportero José Gil Olmos en Proceso 1565. Ricardo Bours es quien otorgó la autorización del desarrollo turístico mediante el fideicomiso impulsor.
Un negocio redondo.
Aunque las decisiones las toman Ricardo Bours y sus colaboradores, algunas veces participan funcionarios estatales, sobre todo cuando algún proyecto afecta terrenos ejidales o tierras de alguna comunidad indígena. Entonces, el comité técnico instruye a uno de sus miembros para que “gestione” los trámites ante las autoridades estatales.El diputado local del Partido del Trabajo (PT) Mónico Castillo se muestra indignado porque, dice, la creación de ese fideicomiso contraviene las leyes locales que prohíben la participación de familiares del Gobernador -hasta en cuarto grado de consanguinidad- en proyectos de la administración pública.Y enumera las leyes que limitan esta participación: La de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios, en su artículo 63, fracción XVII; la de Obras Públicas del Estado de Sonora, en el artículo 30, fracción I; la de Adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, artículos 19, 33 y 39.En entrevista, Castillo truena: “La excusa de Eduardo Bours es que su hermano no está en la nómina y que por lo tanto no es empleado del Gobierno. Lo que sí es cierto es que Ricardo tiene en sus manos todos los proyectos detonadores del Estado.“Todavía peor, todos los grandes empresarios o por los menos los allegados al Gobernador están en ese fideicomiso y deciden. Cualquiera que tiene una empresa puede concursar, pero no estar en la toma de decisiones. ¡Eso es inmoral!”.
El panista Carlos Villalobos Organista, quien fue senador en la pasada Legislatura, asegura que el 25 de mayo de 2005 presentó un punto de acuerdo en el que exhortaba al gobernador Eduardo Bours a reconsiderar el nombramiento de su hermano.En su intervención en tribuna Villalobos criticó el nombramiento de Ricardo Bours y explicó que los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso en realidad eran las mismas personas del Comité de Financiamiento de la campaña del actual Gobernador de Sonora.
“Lo anterior se presta a confusiones y suspicacias, pareciera que a través de este fideicomiso se están devolviendo los favores”, expuso el legislador.
Negocios de los primos
La impunidad con la que se manejan los integrantes del clan Bours desde que su pariente llegó al Gobierno es innumerable, dicen algunos de los empresarios que han tomado distancia de la gestión pública.
Uno de los pleitos más recientes es el de las empresas Wacove Construcciones, S.A. de C.V. y Constructora Industrial de Cajeme, S.A de C.V., a las cuales se les negó la concesión del Gobierno para construir un puente peatonal con valor de 30 millones de pesos, a pesar de que ganaron la licitación el año pasado.Su caso ya se encuentra en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Ciudad de México en el expediente 637/2006. Proceso tuvo acceso al documento y, según las autoridades federales, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora violentó su propio proceso interno al descalificar a las citadas empresas y otorgar el contrato de obra a otra compañía.El 9 de noviembre de 2006, la SFP ordenó al Gobierno de Sonora reponer la licitación y evaluar “únicamente” la propuesta de los denunciantes por considerar que tenían razón en sus alegatos. Así mismo, le solicitó a la Contraloría estatal implementar medidas que eviten inconsistencias en futuras licitaciones.El gobierno de Bours Castelo repuso el proceso, pero volvió a descalificar a los constructores. Los representantes de ambas compañías interpusieron una nueva queja ante la SFP. Sin embargo, el martes 6 empleados del Gobierno estatal advirtieron a los denunciantes “que más les vale que ganen el juicio en México o de lo contrario se van a tener que ir del Estado”, comentó uno de los afectados, quien se negó a dar su nombre por temor a represalias.Pero el gobierno de Bours no sólo viola los concursos de licitación, también trasgrede las leyes locales que prohíben la contratación de familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad en cargos públicos.Es el caso de Edificaciones Boza -acrónimo de los apellidos Bours-Zaragoza, de Navojoa-, según se desprende de las cédulas de registro del propio Gobierno sonorense, donde figura dicha compañía como “proveedora del Gobierno” en los rubros de “desarrollo, promoción y vivienda”.
Edificadora Boza se benefició, en 2005, con dos contratos de licitación pública, adjudicados por la Junta de Caminos del Estado de Sonora. Los tipos de obra van desde reconstrucción de “calles a tramos en algunos municipios”.El dueño de Edificaciones Boza, Ángel Bours Zaragoza, es primo del Gobernador e hijo del ex presidente municipal de Navojoa, Ángel Bours Urrea. Boza, al igual que la empresa Pibo (de la familia Pineda-Bours, asentada en Obregón), construye casas de Infonavit -según el propio padrón del instituto-, y ambas reciben también apoyos de Nafinsa, donde por lo menos Boza cuenta con registro. Actualmente Nafinsa es encabezada por Mario Laborín Gómez, cuñado del Gobernador.
Intimidaciones y despojos
El ejidatario de Navojoa Mario Duarte Godoy acusa de despojo a Ángel Bours. Dice que el empresario intenta quitarle sus terrenos para construir en ellos una zona residencial.Ex agricultor -“pues eso ya no sirve para sembrar”- y pensionado del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), del que recibe 2 mil pesos mensuales, Duarte Godoy exhibe documentos expedidos por el comisariado ejidal de Navojoa fechados en 1974, en los que se le otorga el certificado de derecho agrario número 2685286 que lo ampara como propietario de las parcelas 149, 417, cuya superficie es de 9-65-00 hectáreas.Asegura que cuando la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) escrituró los predios, funcionarios de este organismo “se juntaron con otras personas” que no vivían ahí ni tenían la posesión y a pesar de todo les entregaron el terreno.“Esa gente (de Corett) otorgó un poder a otra persona -dice Duarte Godoy-, quien pidió un préstamo bancario, con la idea de no pagarlo, y así el banco se quedó con mi propiedad, que inmediatamente compró Boza”.Y a pesar de que el banco Santander, institución encargada de rematar el predio, advirtió a los Bours que no podía hacer la entrega física del terreno, pues “ahí vive gente desde hace tiempo”, Ángel Bours respondió: “Yo los saco”. Al principio, dice Duarte Godoy, le ofreció de 30 mil a 40 mil pesos por sus terrenos.“Pero no me dejé –recuerda-. Le dije: Nos vamos a juicio porque el terreno es mío”.En ese momento empezó el tormento para Mario Duarte, quien desde 2002 fue demandado por el empresario Ángel Bours para desalojarlo de un terreno. Boza solicitó un juicio “reivindicatorio”, pero las leyes que rigen esta figura establecen que quien es primero en tiempo es primero en derecho, por lo que el señor Duarte exige que se le respete su posesión.Los juzgados por los que ha pasado el proceso lo rechazan porque -dice el propietario del predio en litigio-, los querellantes tienen influencias, Ángel Bours es primo del Gobernador y al igual que sus familiares es gente que se dedica a comprar tierras baratas para luego construir ahí sus fraccionamientos.Durante el proceso, Duarte Godoy ha sido amenazado para que se desista y entregue las tierras que legalmente le pertenecen. El 25 de enero pasado, dice, recibió un mensaje telefónico intimidatorio: “Deja en paz a los Bours”. No sólo eso, autos con vidrios polarizados comenzaron a merodear por el predio donde vive y cuenta que varias veces ha sido derribada la cerca que delimita su terreno.Otro intento de despojo es el de la familia Bours Griffith, según denunció a TV Azteca el 5 de octubre pasado el dirigente estatal de El Barzón, Francisco Mitre. Éste relató que los Bours Griffith han comprado juicios a Banamex por 463 mil pesos, cuando el valor real de la tierra agrícola es de 10 millones de pesos.“Tenemos conocimiento de que este señor ha comprado otras tres propiedades en esas condiciones. Eso es tráfico de influencias, porque él (Bours Griffith) argumenta que con el poder del dinero se puede todo”.Jaime Caracho, otro de los afectados, dijo a la televisora que “las resoluciones de los tribunales son infantiles, violan las leyes en primera, segunda y tercera instancia; todo a favor de los Bours”.
El poder de la familia
El propio Gobernador violó la Ley del Estado al comprar a unos primos, los Bours Muñoz, una extensión de 8 millones 473 mil 88 metros cuadrados. El monto: 9.5 millones de pesos, según consta en el folio 164091 del registro público ubicado en Obregón.
Entre los dueños del predio figuraba también Guillermo Pineda Cruz, otro de los directivos de Bachoco y emparentado con Eduardo Bours Castelo, además es socio de la empresa Pibo.El diputado Mónico Castillo propuso al Congreso local el pasado 21 de noviembre la creación de una comisión plural que investigue “la compra y adquisición de terrenos en Ciudad Obregón, presuntamente hecha a familiares consanguíneos del Gobernador de Sonora”.
De igual manera, demandó que se indagara la adquisición de más de 200 unidades que concesionarios del transporte urbano hicieron a Camiones y Tracto Camiones de Sonora, S.A. de C.V., empresa distribuidora de vehículos Mercedes Benz, de la cual es director Gerardo Bours Castelo, otro hermano del Gobernador.Los concesionarios fueron obligados por el Gobierno estatal a realizar el cambio vehicular al crear el llamado programa SUBA para la sustitución de camiones, pero sólo 25 de los 330 concesionarios compraron las unidades a Gerardo Bours.El pasado 28 de diciembre, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso local exoneró al Gobernador con el argumento de que la compra se realizó entre particulares y no con el Gobierno. Pero aún queda pendiente el caso del terreno familiar, lo cual como lo prueban los documentos, sí hubo una adquisición de terrenos a los primos del Gobernador.Para corroborar que la familia Bours ha adquirido decenas de propiedades y empresas, Proceso solicitó varios registros públicos, pero las autoridades alegaron que esa información no se puede difundir.
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