jueves, 28 de febrero de 2008

Sobre predios, focos y ventanas (Nota CRONICA 10)

Por Alejandro De la Torre D.
El dinero público municipal se gasta con una tendencia de servir al partido y a los proveedores que financian las campañas del partido al que pertenecen los ediles y principales funcionarios, en este caso del PRI, y en la anterior gestión de Félix Holguín de una forma descarada a funcionarios y empresarios corruptos que apoyaron al PAN.

La cosa está peligrosa.

Solo el 39 por ciento de las más de 197 mil claves catastrales o sea contribuyentes del llamado impuesto predial, están al corriente en sus pagos en Cajeme.

Pero este dato no significa gran cosa, por que en el año 2007 se pagaron 59 millones 225 mil pesos de los casi 98 millones que se pueden cobrar por el impuesto al uso del suelo.

Una cifra que dice que los contribuyentes a pesar de la crisis, pagan en lo que se atrasan. Pero también hay que hacer notar que esto se debe a que para pedir prestamos hipotecarios o vender propiedades es un requisito legal tener en ceros la deuda por impuesto predial.

En 2006 hubo una abstención electoral del 47 por ciento, o sea andamos casi tablas si comparamos la credibilidad de los contribuyentes para pagarle al gobierno municipal con respecto al voto que los ciudadanos depositan en las urnas cada tres años.

5 de cada 10 adultos no vota pero menos paga.

Podemos hacer un prorrateo: El gasto municipal en obras públicas en 2007 anduvo en los 120 millones de pesos, de esta manera los que pagaron el impuesto predial, financiaron con un peso de cada dos de su salario o de sus ganancias pagados por hacer uso del suelo en que viven o en el que tienen sus negocios. El 50 por ciento de la pavimentación, de las construcciones y mejoras hechas por el municipio fue pagado con el impuesto predial.

Entonces ¿dónde quedan las participaciones federales?, ¿quién se las clava?. Bueno es que es el gasto corriente: salarios, luz, teléfono y la compra de carros de la basura y carros para los funcionarios las absorben.

Es evidente que todo el dinero municipal para que el ayuntamiento de Cajeme "funcione", mediante la firma de el Tesorero Municipal, que por si no sabíamos se llama Héctor Barnetche hijo y homónimo del exdirectivo del club de béisbol "yaquis", es manejado sin procedimientos eficientes, sin claridad y CRóNICA10 tiene evidencias de que los registros contables de las cuentas municipales están sobrevaluados,
en muchos casos discrecionalmente gastados y en cierto modo descontrolados.

Bueno esto viene de muchos años atrás, de una decena de trienios atrás. Pero es una deficiencia administrativa de la actual gestión -a pesar de todos los "Isosnuevemil" o mejoras a procedimientos que dicen aplicar-, que no haya voluntad para que los viejos registros y sistemas no sean mejorados cualitativamente y sean incuestionables.

Las auditorias y las funciones contraloras son pasadas por el arco del triunfo.

Porqué?, la principal razón es que el dinero público municipal se gasta con una tendencia de servir al partido y a los proveedores que financian las campañas del partido al que pertenecen los ediles y principales funcionarios, en este caso del PRI, y en la anterior gestión de Félix Holguín de una forma descarada a funcionarios y empresarios corruptos que apoyaron al PAN.

Pero miles de pesos, centenas de miles de pesos son pagados a proveedores en algunos casos inexistentes o inventados y que también muchos realizan servicios o entregan suministros con facturas alteradas o inventadas.

Y los auditores, y los contralores son lo mismo que la carabina de Ambrosio y también por si fuera poco, pertenecen al PRI.

Pero este no es el punto de estos trazos.

Es importante decir que el IP es injustificable y aborrecible. El total de ingresos del gobierno por el cobro del impuesto predial a pesar de ser menor al 1 por ciento del PIB en México, cuando en los países mas fuertes es del 3 por ciento, se recaudan principalmente por las ciudades sobre los predios urbanos y solo sirve para paliar las finanzas de los municipios poco extensos y por lo tanto más pobres.

El impuesto que deberían de cobrar los municipios debería de ser el impuesto más directo de todos y es el que pagan hasta los menores de edad y cobrarlo por los gobiernos locales puede ser la medida más efectiva para combatir la evasión fiscal de dicho impuesto que las grandes empresas se aprovechan para robárselo, o sea el impuesto al consumo que en México le llamamos IVA.

Con el cobro del IVA por la autoridad municipal, los ingresos municipales se multiplicarían por 10 veces. Y ahora si, el municipio no sería el patito feo en el reparto presupuestal por que el municipio no estaría esperando a que el gobierno federal le entregue sus participaciones o sea el dinero público que recauda el SAT (Sistema de Administración Tributaria) en IVA, mediante órdenes de pago bancarias, vía programas como el mentado "oportunidades" con el que le dan 600 pesos a los viejitos o para proyectos ya "etiquetados" o sea para chingaderas que burócratas acuerdan detrás de sus escritorios.

Entonces cobrando el impuesto al consumo (IVA) los municipios generarían e incrementarían ahora si de forma real el desarrollo, y no solo fingidamente o sea a cuenta gotas, clientelarmente y para proteger privilegios como ocurre en la actualidad y que se finca en la corrupción y la inexistencia de un crecimiento de la sociedad en todos los sentidos.
Por ello es viable que haya un nuevo pacto fiscal entre municipios y gobierno federal para el cambalache, o sea que ellos cobren el repugnante e insignificante impuesto predial y los municipios cobren el IVA, esto acabaría la evasión y se recaudaría 3 veces mas. Separando a las empresas del manejo y captura de este impuesto se irían estos ingresos directamente a las finanzas de cada municipio.


¿Por qué toda esta argumentación?, para decir pues que si el impuesto predial es aborrecible, ahora el impuesto por el derecho al alumbrado público (debía de ser aluzado, derivativo de luz) es una de las mas suatas invenciones que ha hecho el gobierno neoliberal actual con todos los diputados federales sinvergüenzas arbitrarios que aprobaron dicho impuesto.

La alteza serenísima, Antonio López de Santa Ana se le prendió el foco en 1853, para resarcir las raquíticas finanzas públicas y decretó el impuesto por el alumbrado público (en ese entonces era correcto decir alumbrado derivativo de lumbre) por el uso de lámparas de destilado para "alumbrar" la vía pública en aquellos tiempos, como también cobró un impuesto por cada ventana y cada puerta de cada casa y cada edificio particular.

Y tan autoritaria fue la medida centralista del presidente al que le compraron la mitad del territorio, que todavía sufrimos esa herencia con las multas de tránsito que no deben ser coactivas menos represivas y nunca debieron serlo como ahora lo son, es mas, legalmente una multa o infracción de transito o del bando de policía y buen gobierno, por que es un aprovechamiento, no un impuesto, debe tener el carácter de pago voluntario pero no coactivo como los gobiernos autoritarios nos lo han querido hacer creer que debe ser.
Mientras la recaudación municipal por el impuesto predial en 2007 disminuyó con respecto a 2006 en 4.66 por ciento, las multas incrementaron el rubro de aprovechamientos en 5.24 por ciento en el mismo periodo.


La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme recaudó la no tan módica suma de 12 millones 575 mil pesos por multas o infracciones en 2007.

Una de las características específicas del impuesto predial es ser un impuesto al valor del suelo: no a la edificación, sino al componente de suelo, por ser una mercancía que tiene unas reglas de formación de precios distinta de otras mercancías. El suelo tiene un precio determinado por la demanda, por la capacidad de pago que la gente dispone. Se cobra como precio del suelo el valor que la gente estaría dispuesta a pagar para no tener que vivir en las condiciones inmediatamente inferiores que se ofrecen en el mercado. Eso quiere decir que la gente ya estaría pagando el máximo que estaría dispuesta y apta para pagar. Y esto implica que cualquier carga que se pone sobre el precio del suelo incide directamente sobre el propietario, no es transferible sobre el precio final. Por ejemplo, si el suelo vale 100, y estás cobrando un impuesto del 1%, el efecto del impuesto sobre el valor del suelo, con una tasa de ganancia del capital del 5% en títulos públicos o en una caja de ahorro, sería de un 20% de la ganancia del capital inmobiliario que estaría capturada por esta forma de impuesto. Eso quiere decir que el suelo que valía 100, ahora en el mercado valdrá 80, porque va a tener que pagar el valor de 20 correspondiente a la capitalización de su impuesto a lo largo del tiempo. Eso es un concepto muy válido entre los tributaristas, que en general los arquitectos y urbanistas no dominan: el concepto de que el impuesto y cualquier carga sobre la renta del suelo y en general sobre cualquier rendimiento que se distribuye a lo largo del tiempo, se capitaliza en el valor presente, en el valor actual neto. En el caso del impuesto, se descapitaliza (o se capitaliza hacia abajo).

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