El expediente Bours

Por: Miguel Ángel Granados Chapa

Durante un año, de octubre de 2007 al mismo mes de 2008, Álvaro Cepeda Neri dirigió 350 solicitudes de información al Gobierno de Sonora, con el propósito de establecer el modus operandi de una administración caracterizada por su desdén a los ciudadanos.

Formado en la empresa privada, el gobernador Eduardo Bours ha logrado manejar el Gobierno que encabeza como cosa propia, sin tener que rendir cuentas a nadie, más allá de las formalidades que le demanda una legislatura a la cual controla. Ahora el pertinaz solicitante hace un servicio a la causa del acceso público a la información al publicar sus peticiones y las respuestas que dieron a ellas los funcionarios a las órdenes de Bours.

El resultado es un volumen de ochocientas páginas, que contiene cientos de documentos y notas del autor que sitúan en su contexto las solicitudes y lo dicho por la burocracia boursista.

Cepeda Neri es un abogado que desde hace décadas convirtió su instrumental jurídico en arma para el ejercicio periodístico a que se ha dedicado con denuedo y pasión. Nacido en Ciudad Obregón, a pesar de residir en la Ciudad de México no ha perdido jamás contacto con su tierra, cuya política conoce a profundidad desde que participó en la tentativa de Fausto Acosta Romo de protagonizar un Gobierno evocado a las mayorías, algo que nunca ha ocurrido en aquella entidad norteña.

Los afanes informativos del periodista han sido enfrentados sin miramiento alguno por Bours, que hizo desaparecer el diario Cambio, justo en el momento en que Cepeda Neri se haría cargo de su dirección. Y ha estorbado la circulación de la edición sonorense de la revista Contralínea, cuyo periodismo de investigación ha develado la verdadera naturaleza del gobierno de Bours.

En las respuestas a los 350 requerimientos de información presentados por el jurista cajemense hay de todo, hasta información útil que muestra el talante proempresarial de Bours. Pero abundan los rechazos a las peticiones y menudea la expresión que sirve para evitar que el interés ciudadano por saber sea satisfecho: esa información no existe. Damos aquí sólo un par de ejemplos de esas respuestas, cuya índole justifica la paradoja con que subtituló su expediente el inquisitivo preguntón: La corrupción de la transparencia, La transparencia de la corrupción.

Cuando el periodista quiso conocer la situación patrimonial de Bours (y otros funcionarios) se le respondió abiertamente: que su solicitud “ha sido rechazada” y con una prosa espesa y redundante se explica que eso es así “en virtud de atender a lo dispuesto en los artículos 18 y 26 de la Ley de acceso a la información pública del estado de Sonora, que otorga el carácter de confidencial a la información requerida, encontrándonos imposibilitados legalmente para proporcionarla al solicitante.

Lo anterior en razón de que la información contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos es considerada, de pleno derecho, como información confidencial, de conformidad con lo establecido en la Ley de acceso a la información pública del estado de Sonora y en el Artículo 3º, de esa misma Ley, en relación directa con los artículos 5º. último párrafo,; 30, fracción I, inciso A; y 31, incisos G), H) e I) de los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de los sujetos obligados en el estado de Sonora.

Al respecto cito textual el Artículo 30, fracción I, inciso A) de los lineamientos citados al final del párrafo anterior. Artículo 30. Se considerará como información confidencial la siguiente: I. La información que contenga datos personales de los particulares o servidores públicos como: a) la información patrimonial que los servidores públicos declaren en los términos de la Ley de la materia, salvo que los declarantes autoricen su divulgación”, lo que obviamente Bours no ha hecho.

De la información lograda por Cepeda Neri quiero detenerme en un convenio firmado por el Gobierno Estatal y la empresa Ford, una de cuyas plantas mexicanas se halla en Hermosillo. Las cláusulas respectivas son un ejemplo de confusión, al margen de la Ley, de las políticas de promoción económica y de adquisiciones

La cláusula primera de ese convenio firmado el 16 de agosto de 2004 establece que el Gobierno del Estado “conviene en realizar la adquisición del parque vehicular por parte de las dependencias y entidades del Gobierno del estado de Sonora, de las marcas comercializadas por la Empresa Ford (misma que “se compromete a que los precios que oferte serán siempre competitivos…en condiciones preferenciales y garantizando en todo momento la calidad y entrega oportuna de los bienes objeto del presente.

Adicionalmente los gobiernos municipales del estado de Sonora podrán solicitar al Gobierno adherirse en los mismos términos y condiciones al presente convenio…

“…toda vez que la Empresa Ford no se encuentra constituida para llevar a cabo operaciones de venta directa al usuario final, las documentará a través de la empresa Proveedora Compañía de Automóviles, SA de CV, misma que está constituida como distribuidora preferente de ventas al Gobierno…

“El Gobierno del estado de Sonora entregará de tiempo en tiempo a la Empresa Ford un informe que contenga la planeación de compra de vehículos para que ésta pueda tasar los precios y asegurar el abastecimiento oportuno”

Además de esas compras, el Gobierno se compromete a dar a Ford “el mejor paquete de apoyos…de carácter fiscal, de infraestructura y modernidad”.

Con el título El expediente Bours, el periodista Álvaro Cepeda Neri publica una amplia recopilación de solicitudes de acceso a la información hechas a la administración estatal de Sonora.

Con la difusión de éstas y de las respuestas obtenidas, que en su mayoría niegan la publicidad de los documentos y datos, el columnista busca demostrar que el gobierno estatal –aún encabezado por el priista y empresario Eduardo Bours Castelo– tiende a la opacidad.Destaca que uno de los capítulos ocultos por el mandatario sonorense se refiere a la declaración patrimonial: Eduardo Bours “se ha negado, una y otra vez, a proporcionar la información sobre su patrimonio al tomar posesión y hasta cinco años después” de asumir el cargo público de elección popular.

En el marco de la Ley de Información Pública de Sonora, publicada el Boletín Oficial del 29 de diciembre de 2005, otro de los requerimientos desechado por la autoridad versó sobre el fideicomiso público Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, conocido como Impulsor.

La figura fiduciaria fue diseñada por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe. Dicho fideicomiso de carácter público opera con fines empresariales y podría manejar recursos por 224 mil millones de pesos del llamado Plan Sonora Proyecta.

El fideicomiso Impulsor se creó el 28 de febrero de 2005. En la actualidad, mantiene como su presidente a Francisco Díaz Brown, secretario de Economía; vicepresidente, Ricardo Bours Castelo, hermano del mandatario sonorense; y como asesor a Pedro Aspe Armella.

En la presentación de su libro, Cepeda Neri indica que la recopilación tiene como finalidad exhibir a los gobernantes que “se resisten a dar cuenta y razón de sus decisiones, actos y omisiones”.

El periodista reivindica el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues –cita– “toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

El autor concluye que: “En Sonora, como se desprende de este libro, lo que prevalece es el máximo secreto”. El expediente Bours fue publicado a fines de 2008 por Contralínea Sonora, revista que edita el propio Cepeda Neri.